El chantaje permanente de Alcoa
ERNESTO S. POMBO · PERIODISTA
La reactivación de la planta de Alcoa, de San Cibrao, en A Mariña lucense, tras dos años de inactividad, lejos de ser una gran noticia puede suponer el principio del fin. Porque ni los más optimistas creen que la factoría pueda mantenerse activa por mucho tiempo, tras las declaraciones de los máximos responsables de la empresa y el comportamiento de chantaje permanente de la compañía en los últimos años. Y porque la reapertura, según la empresa, “no hará viable la planta” ya que cuanta más actividad, menor plazo para acabar con los fondos de financiación. El pesimismo invade a la propia la conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, quien dice que las garantías de continuidad “parecen pocas”.
No es preciso destacar el impacto que tendría en la economía gallega y, especialmente en la de A Mariña, el cierre de San Cibrao. Con más de mil puestos de trabajo, se trata de una de las más importantes empresas de Galicia, tras la desaparición de la mayoría de las que conformaban un ya débil panorama. Pero el pesimismo resulta inevitable, si nos atenemos a lo apuntado por su presidente mundial, William Oplinger, de que “salvar los importantes desafíos” que deben ser superados para volver a producir aluminio en España, “ha sido y sigue siendo muy difícil”. Esto llega tras la enésima advertencia de la empresa de que los recursos con los que ha venido financiando su planta española “están cerca de sus límites”, mientras que las condiciones del mercado, incluido el coste de la energía, no respaldan un reinicio económicamente viable, por lo que tendrá que tomar “decisiones difíciles” con impacto adverso en el empleo. Si no hay cambios sustanciales.
No parece, pues, que exista un gran interés de la multinacional de Pittsburgh por permanecer en Galicia tras perder 599 millones de euros en 2023, cinco veces más que los 113 millones de euros de 2022. Aunque cumplió los compromisos adquiridos. Algunos a regañadientes. Pero anuncia que, a no mucho tardar, desenterrará, una vez más, la maniobra del chantaje a la que viene sometiendo, desde la Prehistoria, a administraciones y trabajadores. Y que le ha permitido embolsarse en torno a los 1.000 millones de euros en diez años, por tasa compensatoria de la tarifa eléctrica, la conocida como 'interrumpibilidad', la compensación que se paga a las industrias altas consumidoras de energía por parar máquinas cuando hay problemas de suministro en el sistema eléctrico. De momento, la Xunta otorga permisos de construcción a siete de los once parques eólicos concedidos a Greenalia y los tres de Endesa, que suministrarán energía al complejo industrial lucense.
Y es que el chantaje le viene funcionando a la perfección a la multinacional desde el mismo 23 de enero de 1998 cuando el Gobierno de José María Aznar, en su afán privatizador, tuvo la ocurrencia de vender Inespal por 61.500 millones de pesetas, unos 370 millones de euros. Entonces las plantas gallegas, y las del resto del Estado, se integraron en la multinacional estadounidense. Una venta por 410 millones de dólares de los que se descontaron 200 para el pago de deudas anteriores y otros 100 tras una serie de reclamaciones. En los siguientes años, la compañía multiplicó ampliamente a través de beneficios el dinero que empleó en la adquisición de las antiguas fábricas españolas. Un gran negocio.
Desde entonces toda su actividad empresarial se resumen en una sola palabra: chantaje. Periódicamente Alcoa amenaza con despidos y hasta un cierre, por su difícil situación económica, a no ser que se le conceda otra tanda de ayudas. Y las administraciones, en vez de atajar el problema de forma definitiva, ceden a sus pretensiones.
Resulta curiosa esta cesión porque, según apunta Dolores Riveiro, profesora de Economía en la USC y directora del Idega, “asistimos en los últimos días, con gran satisfacción y algo de sorpresa por la falta de costumbre, a un consenso generalizado por parte del comité de empresa, los sindicatos, el Gobierno autonómico, el Gobierno central y, por supuesto, la sociedad de A Mariña y de toda Galicia respecto a que la planta de San Cibrao debe seguir produciendo aluminio y que Alcoa debe cumplir íntegramente lo acordado. Pero, cada vez parece más claro que no estaba ni está en los planes de Alcoa cumplir el plan de viabilidad y que, para lograr burlar lo acordado, está actuando de mala fe”.
Se hace imprescindible poner fin a esta situación de incertidumbre. En eso existe acuerdo general. Tras años y años de chantaje, la situación de desasosiego permanece. Si la empresa no quiere dar el paso de anunciar sus intenciones, por no hacer frente a las inversiones acordadas, a las responsabilidades ambientales y a las nóminas de los trabajadores durante el proceso de transición de 15 años, han de hacerlo las instituciones. Con rigor y contundencia. Gobierno central y Xunta. Que para eso están. Aunque lo más fácil sea, cada vez que cae un chantaje, echar mano a la cartera de todos. A eso se le llama incapacidad. Y ceder al chantaje.
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